La imputación señalaba a Boluarte por crímenes de lesa humanidad y fue presentada por el ciudadano Ciro Silva y rechazada por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales con ocho votos en contra, uno en contra y dos abstenciones.
La imputación estaba referida a las 50 muertes de civiles durante las grandes protestas desatadas en diciembre de 2022 y que se prologaron hasta marzo de 2023, las cuales son materia de una larga investigación a cargo del Ministerio Público.
El equipo especial de fiscales a cargo de esas pesquisas publicó ayer un informe, en el cual precisa que las operaciones contra las protestas dejaron un saldo de 50 muertos y 716 heridos, por lo que hay 62 investigaciones a 324 presuntos implicados.
Los investigados, autoridades, militares y policías, son presuntos responsables de los delitos de homicidio calificado, tortura agravada, lesiones graves y leves y abuso de autoridad.
La nómina incluye a la presidenta Boluarte, el exprimer ministro Alberto Otárola, el extitular de Defensa Jorge Chávez y otros exministros, según comentó el periodista Jimmy Chinchay en la televisora Canal N, quien dijo que esta investigación puede ser el preludio de una nueva denuncia de la Fiscalía contra la jefa de Estado.
Esa acusación tendría que ser presentada también ante el Parlamento y su primer filtro, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que se apresta a tratar otra delación contra la presidenta por presunto peculado y por la posesión de joyas de lujo proporcionadas por un gobernador.
La denuncia del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, generó duras reacciones gubernamentales que la impugnan por considerarla ilegal, debido a la prohibición constitucional a acusar a los jefes de Estado en funciones, salvo que sea por cuatro delitos de extrema gravedad.
Sin embargo, tal limitación fue flexibilizada por el Parlamento, que en 2022 avaló una interpretación, según la cual la Carta Magna prohíbe acusar a los gobernantes, mas no investigarlos, invocada por la anterior fiscal de la Nación Patricia Benavides para indagar al entonces presidente Pedro Castillo.
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