Suscrita por unanimidad, la decisión resulta consecuente con la propuesta de la Comisión Europea para la retirada del pacto de forma coordinada, aunque deja las puertas abiertas para que cualquier Estado miembro acepte participar en un posible compromiso futuro, el cual actualizaría el marco jurídico de la Carta.
El pleno del Parlamento Europeo respaldó la iniciativa el pasado 24 de abril a partir de la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario, al considerar que el tratado está en contraposición con los objetivos de la UE y del Acuerdo de París sobre cambio climático. Desde la perspectiva de Occidente, el instrumento jurídico buscó en su momento ofrecer garantías adicionales a los inversores en el área de la energía.
Varios Estados de la UE tramitaron ya su retirada o están en vías de hacerlo, entre ellos, Eslovenia, Luxemburgo, España, Francia, Países Bajos, Alemania, Polonia, Dinamarca, Portugal, Austria o Bélgica.
No obstante, todos deberán cumplir las reglas del pacto hasta 20 años después de su separación, de acuerdo con dispuesto.
Los términos del compromiso actual permiten a los inversores emprender acciones legales contra los Estados ante tribunales de arbitraje, con la intención de garantizar a las empresas seguridad a la hora de invertir.
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