Las medidas anunciadas el pasado 28 de mayo, para supuestamente favorecer al sector privado, “no tocan el cuerpo fundamental del bloqueo ni las sanciones adicionales que conforman la política de máxima presión contra la hermana nación”, indicaron en un comunicado.
El bloque de integración señaló que el diseño de estas regulaciones se inserta “dentro de objetivos de cambio de régimen y en abierta violación de los principios de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados”, la igualdad soberana y el derecho de los pueblos a la autodeterminación.
La Alianza declaró que Washington debería escuchar el reclamo de la comunidad internacional y de su propia opinión pública, de levantar el bloqueo y «excluir a Cuba de la arbitraria, selectiva y unilateral lista de (supuestos) Estados patrocinadores del terrorismo».
Afirmó que de la misma “se derivan otras medidas de coerción económica que dañan severamente el bienestar de toda la población cubana”.
Los países miembros del ALBA-TCP rechazaron el propósito declarado por funcionarios estadounidenses de negar recursos al sector público cubano, garante de servicios esenciales como educación, salud, cultura, deportes y otros, a todos los cubanos, incluyendo el sector privado.
El desarrollo de Cuba en estas áreas clave, aseveró, ha sido reconocido a nivel mundial y beneficiado a múltiples países a través de la solidaridad y la cooperación internacional.
La Alianza ratificó que el pueblo y el Gobierno cubanos “tienen derecho a construir el modelo político, social y económico que determinen”, incluyendo el desarrollo armónico de distintas formas de gestión y propiedad, sin la sombra de la injerencia externa, y sin menoscabo a su independencia y soberanía.
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