En un nuevo informe, la auditora general Karen Hogan examinó la capacidad de los departamentos y agencias federales para hacer cumplir las leyes contra delitos cibernéticos cada vez más sofisticados «para garantizar la seguridad de los canadienses».
Encontró una serie de fallas en la coordinación, el intercambio de información, el seguimiento y la respuesta entre quienes tienen la tarea de proteger a las personas de estas felonías como estafas románticas y robos de identidad, entre otras.
«Abordar eficazmente el cibercrimen depende de que los informes lleguen a las organizaciones mejor equipadas para recibirlos. Esas organizaciones deben actuar en función de los informes que reciben para ayudar a proteger a los canadienses contra el riesgo de pérdidas financieras y otros daños», se lee en la investigación de 35 páginas.
Los departamentos y agencias que estuvieron bajo el microscopio para esta revisión fueron la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), el Establecimiento de Seguridad de las Comunicaciones de Canadá (CSE), la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (CRTC) y Seguridad Pública de Canadá.
Hogan descubrió que el CSE, que se centra principalmente en la seguridad y la inteligencia de señales extranjeras, determinó que cerca de la mitad de los 10 mil 850 informes de delitos cibernéticos que recibió entre 2021 y 2023 estaban fuera de su mandato, ya que se relacionaban con individuos y no con organizaciones.
Según la auditoría, en enero de 2024, el 30 por ciento de los puestos de los equipos relacionados con la ciberseguridad de la RCMP estaban vacantes.
El informe de Hogan destaca que en 2022, las víctimas de fraude informaron 531 millones de dólares en pérdidas financieras al Centro Canadiense Antifraude de la RCMP (más del triple de la cantidad reportada en 2020), la mayoría de las cuales estaban relacionadas con delitos cibernéticos.
Hogan advierte que Canadá no podrá combatir suficientemente estos crímenes hasta que los canadienses puedan denunciarlos más fácilmente, y dado que se estima que entre sólo el cinco y el 10 por ciento de los delitos cibernéticos se denuncian en este país, la falta de un sistema nacional puede estar contribuyendo a esas estadísticas.
Estos elementos llegan apenas un día después de que el Ministro de Seguridad Pública, Instituciones Democráticas y Asuntos Intergubernamentales, Dominic LeBlanc, la Ministra de Asuntos Exteriores, Melanie Joly, y el Ministro de Defensa, Bill Blair, emitieran una advertencia sobre la amenaza de la actividad cibernética extranjera para los canadienses.
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