Un comunicado divulgado en el sitio oficial de la Presidencia del Consejo de ministros indica que la mandataria irá al vecino país acompañada del titular italiano del Interior, Matteo Piantedosi, para verificar el estado de ejecución del centro para la recepción inicial de migrantes, en Shenjin, así como el de detención, en Gjader.
De acuerdo con lo previsto, la edificación de ambas instalaciones debió concluir este verano, pero el proceso se dilató debido a diversos problemas y los últimos reportes prevén que las mismas serán operativas a partir del próximo otoño.
El centro que se ubica en el puerto de Shengjin, tendrá un perímetro de aproximadamente 240 metros y una valla exterior de cuatro metros, protegida con alambre de púas, y al mismo se llevarán inmigrantes embarcados en el Mediterráneo a bordo de naves italianas.
En cuanto a la otra estructura en la zona albanesa de Gjader, 20 kilómetros tierra adentro, esta contará con una superficie edificable de 77 mil 700 metros cuadrados, destinada a determinar las condiciones de protección internacional y de repatriación de los inmigrantes que no tienen derecho a entrar y permanecer en Italia.
Las zonas concedidas por al gobierno albanés de acuerdo con ese protocolo firmado el 6 de noviembre de 2023 entre Meloni y Rama, estarán sujetas a la jurisdicción italiana y Roma correrá con el 100 por ciento de los gastos.
Entre los actuales problemas se encuentra la determinación de la cantidad de inmigrantes que serán trasladados a Albania, pues aunque el protocolo indica que las estructuras pueden albergar un máximo de tres mil personas al mismo tiempo, Meloni, señaló el propósito de concentrar allí a unos 36 mil por año.
Tras la aprobación por el senado italiano de esta iniciativa, a mediados de febrero de este año, el legislador Tito Magni, de la Alianza entre los partidos Europa Verde e Izquierda Italiana, criticó este acuerdo que costará a las arcas públicas unos 100 millones de euros al año, durante un quinquenio.
El mismo “viola el principio de no devolución y la aplicación de prácticas de detención ilegítimas”, señaló Magni, y agregó que este acuerdo “es histórico sólo porque constituye una violación muy grave de los derechos humanos y sacrifica el sufrimiento de personas reales en el altar de la propaganda política”.
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