El Ombudsman, Eduardo Leblanc, quien presentó recientemente denuncias por violación sexual en unos 400 casos de violación sexual en la selva de Darién, fronteriza con Colombia, también subrayó la necesidad de políticas públicas para mejorar la accesibilidad de la infraestructura para personas con discapacidad y las poblaciones vulnerables al cambio climático.
En la cita, con la presencia de la coordinadora residente ONU en el país canalero, Ana Graça, recordaron que en abril pasado la organización Human Rights Watch señaló en un informe que Panamá y Colombia no hacían lo suficiente para proteger a los migrantes de la zona.
Esos señalamientos, fueron rechazados de inmediato por la directora del Servicio Nacional de Migración (SNM), Samira Gozaine, quien detalló diversas atenciones que reciben los caminantes en materia de salud, alojamiento y alimentación, asi como los millonarios desembolsos que eroga el Estado para ese objetivo de carácter humanitario.
De acuerdo con estadísticas oficiales, hasta el pasado 7 de mayo transitaron por la peligrosa jungla unas 170 mil personas y en ese mismo lapso de 2023 se registraron 166 mil 649 cruces.
La mayoría de esos migrantes irregulares son venezolanos, seguido por ecuatorianos, haitianos, colombiano y chinos, en ese orden, precisa el SNM.
El año pasado 520 mil 85 viajeros ilegales transitaron el llamado Tapón del Darién, en el que se exponen a peligros naturales, pero también bandas criminales y delincuenciales que trafican personas.
Ante esta situación, el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, y el ministro designado de Seguridad, Frank Ábrego, han anunciado que cuando tomen posesión el próximo 1 de julio, instrumentarán el cierre de la vasta zona limítrofe y deportarán a sus países de origen a los miles de migrantes irregulares.
mem/ga
