El pasado lunes la magistrada Paulina Moya decidió aplicar la máxima cautelar contra el también dirigente comunista, en una medida que provocó críticas al sistema judicial de algunos que la consideraron desproporcionada y otros con tintes políticos.
La fiscalía acusa a Jadue de supuesto cohecho, fraude al fisco y estafa en las negociaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) en la compra venta de insumos durante la Covid-19.
La Achifarp, presidida por el jefe edil, fue creada en 2016 y a ella se sumaron 170 municipios del país con el objetivo de conseguir medicamentos con precios más bajos.
“Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar”, escribió Jadue en su cuenta de X.
Desde el inicio del proceso de formalización, el 29 de mayo, cientos de manifestantes se reunieron ante el Centro de Justicia de Santiago y frente al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde está detenido, para expresarle su apoyo.
También hubo manifestaciones en el frontis de la Biblioteca Nacional, durante el Festival Mil Guitarras para Víctor Jara y para hoy está convocada una marcha desde la comuna de Recoleta hasta el Tribunal.
En sus tres períodos al frente de esa municipalidad, el alcalde llevó a cabo varios programas en beneficio de su localidad, entre ellos la Farmacia, la Óptica y la Librería Popular, el Centro de Rehabilitación, la Red de Bibliotecas y la Universidad Abierta.
“Jadue ha sido detenido por ser coherente y haber desarrollado una red de farmacias populares para que el acceso a la salud sea un derecho y no un privilegio”, expresó el eurodiputado español de Izquierda Unida Manu Pineda, en un video publicado en redes sociales.
Denunció Pineda que el poder lo ha puesto en la diana por su doble condición de comunista y palestino.
Interrogado sobre el tema, el presidente Gabriel Boric expresó que se puede tener una opinión respecto al uso de la prisión preventiva en los últimos años en términos generales, “pero creo que las instituciones en Chile funcionan y no hay persecuciones políticas judiciales en nuestro país”, dijo.
En opinión de la diputada y también abogada en derechos humanos, Carmen Hertz, recientes hechos dan cuenta “que las instituciones no están funcionando tan bien como algunos pretenden”.
Como ejemplos mencionó el de la exalcaldesa Cathy Barriga (acusada del desfalco de 34,4 millones de dólares), quien está en arresto domiciliario; y el del director de carabineros, Ricardo Yáñez, (señalado de violaciones humanitarias) a quien se le postergó cinco meses la comparecencia.
Para la legisladora, la medida impuesta al jefe comunal “es absoluta y totalmente desproporcionada y al ser desproporcionada se transforma en arbitraria”.
Numerosas personalidades y organizaciones expresaron su solidaridad con el alcalde, entre ellos el Foro de Sao Paulo, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ex presidente boliviano Evo Morales y la expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador Gabriela Rivadeneira.
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