El magistrado Juan Carlos Checkley accedió así al pedido de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios y rechazó la solicitud de la defensa de que, cumplida la carcelería iniciada el 7 de diciembre de 2022, Castillo continúe siendo procesado en libertad con restricciones (condicional).
“El plazo ampliado de prisión preventiva responde a que el proceso contra el exmandatario está en etapa intermedia”, argumentó el Poder Judicial al difundir el fallo de Checkley.
Castillo es acusado de rebelión por decretar la disolución del Parlamento, la intervención de los organismos de justicia y anunciar un gobierno de excepción, cargo que niega.
El exgobernante presentó decenas de recursos para anular su encarcelamiento y el cargo de rebelión y, junto a sus abogados, alega que este delito, según el Código Penal, implica un alzamiento armado y grupal, lo cual, afirma, no se hizo efectivo.
La Fiscalía pide 34 años de cárcel para Castillo y otras penas para sus co-acusados, los ex primeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez, los extitulares del Interior Willy Huerta y de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez, así como los oficiales de Policía Manuel Lozada Morales, Justo Venero y Eder Infanzón.
Castillo tiene también una investigación en marcha por casos de corrupción presuntamente realizados por allegados y familiares, sobre lo cual niega la culpabilidad y por los que el Poder Judicial dispuso otra prisión preventiva de 36 meses.
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