Este lunes, la Fiscalía General del Estado anunció que vincularán a la vicemandataria con el llamado caso Nene, aunque para continuar con el proceso penal requieren levantar la inmunidad de la funcionaria.
Para eso es necesario que la Asamblea lo autorice con una votación de al menos las dos terceras partes del pleno, es decir, 92 votos.
El abogado de Abad, Oswaldo Trujillo, declaró a la emisora Radio Pichincha que mientras no exista un levantamiento del fuero privilegiado, la vicegobernante no puede ser vinculada a ningún proceso.
El fiscal Carlos Alarcón anunció la investigación contra Abad y dijo que durante el proceso encontraron elementos que motivaron la orden de prisión preventiva de su hijo, Sebastián Barreiro, quien salió de la cárcel de máxima seguridad La Roca luego de pagar una fianza de 20 mil dólares.
Según Alarcón, Barreiro pidió diezmos a una persona por trabajar como coordinador de Comunicación de la Vicepresidencia de la República desde que su madre asumió ese cargo.
El pasado 3 de junio, aunque Abad todavía no estaba directamente acusada, ella respondió vía telemática al llamado de la Fiscalía por el caso Nene, pero se acogió al silencio.
La semana pasada, en declaraciones a medios locales, la vicemandataria aseveró que su vinculación con ese proceso, que involucra a su hijo Barreiro, “no tiene sustentos”.
Para Abad, todas esas acciones responden a una persecución por parte del Gobierno para evitar que ella asuma la presidencia cuando el mandatario Daniel Noboa tenga que entregársela para hacer campaña ante una eventual candidatura en las elecciones de 2025.
El caso Nene la alejaría del cargo solo si le dictan prisión preventiva y se configura una ausencia temporal, pero para que eso ocurra tanto la fiscal general del Estado, Diana Salazar, como la Asamblea tendrían un rol clave.
El pasado 8 de diciembre, la vicepresidenta Abad viajó a Israel por orden de Noboa para desempeñarse como embajadora en Tel Aviv y colaboradora para la paz.
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