El pronunciamiento solicita modificar el proyecto de reglamento de la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, elaborado por el Ministerio de Vivienda, que permite los citados aumentos tarifarios.
Pide al Gobierno aplicar las recomendaciones de la Defensoría “con la finalidad de garantizar el derecho de acceso universal a los servicios de agua y saneamiento”.
Plantea eliminar, entre otros aspectos, la adopción del método denominado rebalanceo tarifario, que introduce nuevos criterios para el cálculo de las tarifas lo que originaría el incremento referido.
Señala que el Ministerio de Vivienda hizo el reglamento debido a que el Gobierno lo dotó de facultades regulatorias del servicio de agua potable, lo cual contradice a otra ley previa sobre servicios públicos, y en este caso a la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass).
De aprobarse el reglamento, anota la Defensoría, habría un aumento de entre 20 y 729 por ciento por mes, según la correspondiente empresa regional de agua potable
La declaración consigna que el informe sobre la evolución de la pobreza en Perú, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), según el cual el gasto de un hogar promedio por vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles equivale a 21,6 del presupuesto familiar.
“Por ello, preocupa a la Defensoría del Pueblo que el incremento de las tarifas de agua y saneamiento impacte en la capacidad de gasto de todas las familias y, especialmente, en los más pobres”, agrega el pronunciamiento.
Cita también el informe de la Sunass que advierte que, de aprobarse el reglamento, el índice de la llamada pobreza monetaria aumentaría, actualmente de 29,1 por ciento, aumentaría 1,4 por ciento, afectando a 311 mil 075 peruanos.
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