En un minucioso pronunciamiento jurídico, la SPDI, que agrupa a destacados diplomáticos y juristas y otros estudiosos de temas internacionales, fijó su posición ante el debate que genera una reciente ley, según la cual ese tipo de crímenes prescriben si fueron cometidos antes de julio de 2002.
Al respecto, la declaración de la SPDI, entre otros argumentos, exhorta “a considerar la salvaguarda de nuestro ordenamiento jurídico, el respeto al derecho de acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad».
Señala que las obligaciones internacionales de Perú están definidas por los instrumentos jurídicos de los que es parte y toda disposición de nivel interno en debate, debe armonizar con los compromisos internacionales adquiridos.
Se debe por tanto, agrega, evitar alteraciones en el ordenamiento jurídico nacional y priorizar siempre la promoción y protección de toda garantía establecida en favor de los ciudadanos.
“El Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), vigente para el Perú desde 1 de julio de 2002, señala muy claramente que los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán; es decir, el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión”, agrega.
Anota igualmente que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, firmada por el Estado peruano y de nivel constitucional en lo interno, determina que esos delitos “son imprescriptibles cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”.
La ley materia de controversia establece que ese tipo de crímenes cometidos antes de la adhesión del Perú a la CPI sí prescriben, lo que rechazan las organizaciones de derechos humanos y fuerzas políticas de oposición.
Esas opiniones califican a la polémica ley como una amnistía encubierta que favorecería al exgobernante Alberto Fujimori, condenado como autor mediato de dos matanzas, de civiles inermes, indultado y actualmente juzgado por otra masacre similar.
La SPDI añade que la norma apunta además a la impunidad de militares que cometieron crímenes atroces durante el llamado conflicto interno (1990-2000).
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