La tasa para el país en 2023 era de 23 agentes por cada 10 mil habitantes, debido a que, de los 41 mil en plantilla, solo 21 mil 600 patrullaban las calles, explicó el reconocido analista de la entidad Walter Menchú.
Aunque este año el número aumentó a 42 mil, los índices se mantienen porque hay personal asignado para la protección de funcionarios, testigos, resguardo de instituciones públicas, traslado de presos, entre otros, acotó el experto.
Agregó que diversos estudios a nivel internacional recomiendan la existencia de entre 18 y 30 agentes de Policía en labores de patrullaje por cada 10 mil habitantes.
Para llegar a esa cifra, a juicio de Menchú, deberían estar activos al menos 31 mil en esa función; sin embargo, serían necesarios alrededor de 10 mil, subrayó, citado por el diario local Prensa Libre.
Más que incrementar la cifra del personal, sugirió fortalecer la formación de los agentes en la Academia de la Policía, en la Escuela de Formación de Oficiales y en la de Estudios Superiores.
Sus declaraciones se produjeron luego que el ministro de Gobernación del país, Francisco Jiménez, divulgara sobre un acuerdo suscrito con la administración de Alejandro Giammattei (2020-2021), por le cual asignan alrededor de 60 agentes a la seguridad del Congreso.
En su perfil en la red social X, el titular de la cartera del Interior señaló que “esa fuerza la necesitamos para cuidar a los ciudadanos, no para provocar a la población. Reflexionen”, enfatizó.
La Dirección General de la Policía Nacional Civil confirmó que conforman sus filas 42 mil agentes, oficiales, subcomisarios, comisarios e inspectores.
De ellos 38 mil elementos estén asignados a patrullajes de rutina y unidades de investigación, no obstante, caen a 17 mil debido a que están divididos en turnos.
El CIEN observó que el número de agentes no crece desde el 2016, en tanto por otra parte lo hacen las renuncias, jubilaciones y consignaciones de agentes a tribunales por estar involucrados en delitos.
Un grupo de los actuales se relaciona con unidades de investigación, labores administrativas, como guardias de seguridad en edificios públicos o como guardaespaldas de exfuncionarios y funcionarios.
Los analistas en Guatemala insisten en la importancia de la lucha contra el crimen organizado y la violencia, mientras reclaman una estrategia integral para restablecer la paz en las zonas impactadas por la delincuencia.
La inseguridad tiene un impacto directo en el patrón de comportamiento de la ciudadanía, limita su convivencia pública, recreación y desplazamiento por ciertas zonas y horarios.
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