En declaraciones a la Agencia Angoleña de Prensa en la provincia de Huambo, donde recientemente tres torres de la línea de transmisión de alta tensión sufrieron daños, Carlos aseguró que el Gobierno intensifica los esfuerzos para hacer frente a este fenómeno.
Sobre el incidente, al cual catalogó de sabotaje, dijo que fue superado a tiempo por un servicio técnico de mantenimiento, lo que impidió la interrupción del suministro en varias localidades del país.
Sin embargo, exhortó a la población a unir fuerzas para denunciar y detener estas acciones que causan perjuicios económicos y ralentizan el desarrollo económico y social del país.
El combate a la vandalización está actualmente en el centro de la agenda gubernamental, que remitió a la Asamblea Nacional (parlamento) un proyecto de ley sobre el tema que será sometido a votación el próximo 19 de junio.
La propuesta de Ley de Delitos de Vandalismo contra Bienes y Servicios Públicos establece un marco jurídico especializado para la lucha contra ese flagelo, definiendo mecanismos rápidos y eficaces para la identificación de los autores.
Entre otros asuntos prevé el endurecimiento de las penas para delitos como la destrucción de bienes públicos, los daños a estos, la puesta en peligro de su seguridad, el robo y la receptación; cuyas sanciones pueden incluso alcanzar entre los 15 y 25 años de prisión.
Otro aspecto que destaca en la legislación es que no solo al autor del delito puede ser encausado, sino también quienes instiguen, financien o patrocinen tales actos, así como aquellos que indirectamente fomenten su práctica o compren bienes que sean resultado de estas acciones.
El proyecto responde a la necesidad de crear un marco penal adecuado contra este tipo de acciones, en un contexto donde existe una creciente manifestación de este fenómeno que causa daños sociales, económicos y financieros inestimables.
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