Funcionarios de esa instancia de control del ordenamiento jurídico y moral del sector público detectaron atrasos en el pago de conceptos salariales como carrera profesional, lecciones académicas impartidas sin reconocer, recargos y otras violaciones.
Según la líder de la Defensoría, Angie Cruickshank, las irregularidades en el pago a los educadores proceden tanto de períodos fiscales actuales como de otros vencidos, a lo cual se suman dificultades en la cancelación oportuna de las prestaciones legales en materia laboral.
La molestia del personal es evidente y entendible –señaló la directiva- pues las deficiencias tienen como denominador común la demora extrema en trámites, así como en la resolución y retribución económica efectiva de los reclamos administrativos por parte de los empleados.
Definitivamente el MEP –aseguró- debe trabajar en soluciones a todos los niveles “para garantizar el respeto al pago en tiempo del salario completo, en resguardo a los derechos laborales de las personas trabajadoras de esa institución”.
Cruickshank destacó que la Defensoría abrió una investigación estructural de oficio para
analizar “de manera exhaustiva e integral los pasos en el trámite de los reclamos administrativos del sector”.
El proceso –agregó- comprenderá las funciones, estructura organizativa y asignación de recursos, en especial por parte de la Dirección de Gestión del Talento Humano del MEP, e investigará la incidencia de la administración presupuestaria de esa cartera en la problemática identificada”.
Medios políticos y de prensa criticaron el 10 de junio la actitud de la Ministra de esa cartera, Anna Katharina Müller, quien evadió explicar su plan para solucionar el pago de salarios atrasados o incompletos de unos 500 funcionarios.
El periódico Delfino cuestionó a la Ministra luego de su ausencia sin explicaciones a una reunión ese día para rendir cuentas ante la Defensoría de los Habitantes, órgano que también vela para que los derechos e intereses de los trabajadores estén protegidos.
La preparación del MEP para formular una respuesta –subraya el periódico- detectó unos 60 mil reclamos pendientes por diferentes componentes salariales de unas 37 mil personas, sobre un total de 88 mil trabajadores de esa institución.
Delfino citó un comunicado del sector sobre “la magnitud y complejidad del sistema educativo nacional, al integrar 161 tipos de puestos administrativos y docentes y 218 especialidades, distribuidos en más de ocho mil 500 diferentes servicios educativos”.
“Como sabemos, la ministra no quiso ir a la reunión de la Defensoría de los Habitantes” a explicar su plan sobre el pago de esos funcionarios”, subrayó el periódico en su comentario “Continúa el fuego cruzado entre el MEP y la Defensoría”.
El periódico recordó al respecto la Constitución respecto a que “los funcionarios públicos, citados por la Defensoría de los Habitantes de la República deben comparecer personalmente, el día y la hora señalados, salvo en los casos de legítimo impedimento”.
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