La salida del puesto por la líder de esa instancia, que será efectiva el 20 de junio, siguió a una solicitud la víspera de organizaciones femeninas locales, presentada ante la Asamblea Legislativa (Parlamento) en demanda de “acciones mínimas urgentes por las instituciones públicas” para enfrentar los maltratos que proliferan hacia el sector.
El pedido fue suscrito por el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres-CR, la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad y la organización local Mujeres.
La comunicación al Parlamento recuerda que el país ya cuenta con una estrategia integral de Estado para prevenir y atender acciones agresivas contra las mujeres, denominado Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades.
Costa Rica dispone también –agrega el texto- de planes quinquenales con obligaciones y metas de cumplimiento, cuantificables y medibles para unas 22 instituciones del Ejecutivo y el Legislativo, tanto en materia de prevención como de atención a víctimas y acceso a la justicia.
Sin embargo -lamentan las entidades firmantes- esa política y su plan de acción carecen del apoyo político de las autoridades institucionales actuales, mientras disminuye la asignación de recursos para su debida ejecución.
Las exigencias de las féminas ticas para combatir la violencia contra ellas condujeron al Parlamento, por su parte, a estudiar 12 proyectos de ley frente a «la epidemia de violencia contra las mujeres», comentan medios locales.
El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó esas iniciativas, tras declarar la existencia de ese flagelo “en todas sus formas”, y extendió una instancia a todas las instituciones públicas “para atender esa situación con sentido de urgencia e inmediatez”, señaló el diario Delfino.
Los parlamentarios solicitaron al Poder Ejecutivo la citada convocatoria a una batería de 12 proyectos legales, en materias como seguridad para las mujeres, prevención de la violencia y empoderamiento económico de las damas.
La solicitud de las mujeres fue entregada a la Asamblea Legislativa en un encuentro donde participaron las diputadas Montserrat Ruiz Guevara, Rocío Alfaro Molina, Luz Mary Alpízar Loaiza y Dinorah Barquero Barquero, y contó con la presencia de la exvicepresidenta de la República Ana Helena Chacón Echeverría.
Dicho pedido fue acogido por 38 de los 42 congresistas presentes y votado negativamente por cuatro oficialistas: Pilar Cisneros, Daniel Vargas Quirós, Waldo Agüero y Alexander Barrantes Chacón, sin que –subrayó Delfino- ninguno de ellos esgrimiera las razones para su voto negativo.
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