Esta normativa ya pasó el análisis de la Cámara de Diputados y genera controversia en varios puntos, entre ellos cómo controlar el empleo de armas no letales en poder de la policía y las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el tema más controversial es determinar cuándo se utilizan los tribunales militares y en qué momento lo hacen las estructuras de la justicia civil.
Legisladores de derecha insisten en que el primer caso se apruebe en aquellos lugares donde esté desplegada la institución armada, como en las fronteras y las regiones bajo estado de excepción.
Así lo expresó, por ejemplo, la senadora por el extremista Partido Republicano Carmen Gloria Aravena, cuando se comprometió a ingresar una modificación para incorporar la justicia militar al sistema judicial del país, una indicación que fue rechazada por los diputados.
Por el contrario, Matías Walker, de la agrupación Demócratas, señaló que los delitos cometidos contra civiles siempre deben ser juzgados por la justicia ordinaria.
De acuerdo con la Senadora Claudia Pascual, del Partido Comunista de Chile, “cualquier institución que se autoregula, se autoinvestiga y se autosanciona, tiene muchas más posibilidades de caer en arbitrariedades”.
La cámara alta tiene hasta el 18 de julio venidero para incorporar y discutir enmiendas a la ley y las diferencias con el proyecto aprobado por los diputados se analizarán en una comisión mixta.
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