Clacso responsabilizó al Gobierno ecuatoriano y al presidente Daniel Noboa por la violación de los derechos del exvicegobernante, quien recibió la condición de asilado político por parte de México antes de su “secuestro”.
La entidad indicó que, conforme al derecho internacional, el Estado ecuatoriano está obligado a reconocer el asilo de Glas, así como otorgar el salvoconducto correspondiente para que pueda trasladarse sano y salvo a territorio mexicano.
Para Clacso, Glas ha sido perseguido y acosado judicial y políticamente desde hace siete años.
La institución académica latinoamericana señaló que durante su traslado y encarcelamiento, el pasado mes de abril, sufrió torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como amenazas de muerte, lo cual lo llevó a iniciar una huelga de hambre desde hace más de 60 días.
La defensa del exvicepresidente repudió el fallo de un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) del pasado 7 de junio, que declaró legal su detención, aún cuando violaron normas internacionales para aprenderlo, como la Convención de Viena y de Caracas.
Por otro lado, el equipo de abogados del exvicemandatario anunció que apelará al sistema interamericano de justicia para abordar el “secuestro” del político, tras agotar la vía ordinaria nacional.
Considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, Glas recibió de forma temporal el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos; sin embargo, la medida fue revocada.
A inicios de este año, la justicia ordenó su captura por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.
Estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de este año, día en que uniformados allanaron la legación diplomática para capturarlo por orden del presidente Daniel Noboa.
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