El juez federal James Boasberg exigió respuestas al Departamento de Justicia (DOJ) sobre los vuelos que trasladaron a más de 250 migrantes, la mayoría venezolanos, supuestamente miembros del grupo criminal Tren de Aragua, a El Salvador.
Boasberg consideró que el Gobierno federal pudo haber violado su orden sobre las deportaciones invocadas por la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que es solo aplicada en tiempo de guerra.
Esta semana se efectuó una audiencia, donde el abogado del DOJ se negó varias veces a responder muchas de las preguntas formuladas por Boasberg, alegando que no estaba “autorizado” a hacerlo.
El presidente Trump pidió la destitución de Boasberg, quien fue designado por Barack Obama (2009-2017) y es el actual juez principal del tribunal federal de primera instancia en Washington. El mandatario lo calificó de «lunático de la izquierda radical”.
La madrugada del domingo pasado despegaron desde Texas los vuelos con destino a El Salvador. Hay acusaciones de que entre los deportados hay personas sin récord criminal.
Por otra parte sigue generando titulares la orden ejecutiva emitida por Trump el jueves para desmantelar el Departamento de Educación.
Los repentinos despidos y la consiguiente confusión precedieron a esa acción presidencial que instruye a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a comenzar a “facilitar el cierre” de la entidad federal.
Sin embargo, no es el presidente el que tiene la facultad de desmantelar una agencia federal sino el Congreso y lo más probable es que este sea un nuevo asunto que llegará a las cortes.
Además, ocuparon espacios informativos en las cadenas televisivas las protestas de votantes estadounidenses en asambleas públicas a lo largo del país.
Hay críticas a la economía, porque los precios no han bajado “desde el primer día”, como prometió Trump, y cierto nerviosismo persiste en los mercados que sufren cada vez que el mandatario habla de aranceles.
Los señalamientos a miembros republicanos del Congreso tienen que ver también con el poder ejecutivo del presidente Trump y los esfuerzos del Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirige Elon Musk que han provocado despidos a gran escala con la justificación de la necesaria reducción del gasto público y de la burocracia.
No faltaron en los reportes los continuos ataques a Tesla. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el jueves que se presentaron cargos contra tres personas acusadas de incendiar vehículos, concesionarios o estaciones de carga de la compañía da autos eléctricos de Musk y pidió una pena de entre cinco y 20 años de cárcel para cada uno.
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