Con el apoyo de la Policía Militar, el esquema de protección gira en torno al edificio en esta capital y se estableció, además, una iniciativa para evitar ataques cibernéticos.

Desde que el Supremo Tribunal Federal (STF) marcó las fechas del análisis recibe amenazas, con un aumento significativo de agresiones. Algunas por teléfono, otras por correo electrónico.

La idea del STF es restringir, asimismo, el número de personas en las dependencias del juzgado e imponer cambios en el tránsito de la Explanada de los Ministerios.

El Supremo programó para esas jornadas, el examen de la denuncia contra Bolsonaro y otras siete personas por su participación en un supuesto plan de golpe de Estado.

Tal audiencia se realizará en la primera sala de la corte en tres sesiones: dos el día 25 y una tercera el 26.

Por el ambicioso propósito de mantenerse en el poder, pero posiblemente perder la libertad, Bolsonaro fue denunciado el 18 de febrero por la Procuraduría General de la República (Fiscalía) de tentativa golpista.

La Fiscalía General acusó al líder de la derecha opositora de capitanear una organización criminal para imposibilitar la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones en 2022.

Juristas explican que en Brasil la ley castiga el conato golpista, incluso si falló la confabulación.

Figuran ahora en el acta de acusación de 272 páginas, que también involucra a otras 33 personas, los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.

También los crímenes de daño calificado por la violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión, con considerable perjuicio para la víctima y deterioro de patrimonio declarado.

Según el fiscal general Paulo Gonet, que presentó la denuncia ante el Supremo, el entonces gobernante (2019-2022) sabía y estuvo de acuerdo con la conjura para matar a Lula, por envenenamiento, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro Alexandre de Moraes, de la corte.

En el documento enviado al máximo juzgado, la Fiscalía General enumera los actos que fundamentan las acusaciones en cada uno de los delitos.

«Los miembros de la organización criminal estructuraron, en el ámbito del Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo), plan de ataque a las instituciones, con vistas al derrocamiento del sistema de funcionamiento de los Poderes y del orden democrático, que recibió el siniestro nombre de Daga Verde y Amarilla», refiere la imputación.

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