Las determinaciones forman parte del juicio de la llamada ADPF das Favelas, acción que discute la actuación de las fuerzas de seguridad pública en esos conjuntos de habitaciones populares, construidas de manera precaria.

El presidente del STF, ministro Luis Roberto Barroso, afirmó que la decisión se inserta en un proceso de carácter estructural, con diagnóstico, plan de acción y monitorización continua.

Reconoció que existen avances con la reducción de las operaciones en las comunidades, como la disminución de la letalidad policial, pero, precisó, que enfrentar el problema requiere medidas permanentes.

La corte revisó una decisión del ministro Edson Fachin, relator de la ADPF por el tipo infracción de precepto fundamental, que aplicaba restricciones estrictas a las operaciones en algunos barrios.

Ahora, el Supremo instituye reglas para que las operaciones se cumplan forma segura. Estas determinaciones fueron acordadas de forma consensuada entre los ministros, explicó Barroso.

También el tribunal estableció normas estrictas para las operaciones policiales que resultan en muertes, tanto de civiles como de agentes de seguridad.

Por ejemplo, el lugar del suceso deberá ser preservado por los primeros policías, sin cambios en el escenario, y comunicado inmediatamente a las autoridades competentes, al comandante del batallón y a Asuntos Internos de la Policía Militar o al delegado de alerta.

Asimismo, el Ministerio Público debe ser activado inmediatamente y puede, si lo considera necesario, designar un promotor para ir al lugar.

El delegado de policía deberá comparecer en la escena, recoger pruebas, calificar testigos y confiscar objetos después de la liberación de los peritos.

De igual manera, la policía técnica será responsable de pericia y remoción de cadáveres, con documentación fotográfica completa.

Toda muerte por intervención policial deberá tener autopsia obligatoria y las oficinas de Asuntos Internos de las policías Militar y Civil deberán acompañar las investigaciones y concluirlas en un máximo de 60 días.

El Supremo reconoció los avances en el uso de cámaras corporales en uniformes de la PM y determinó que, hasta 180 días, el estado demuestre la implantación de las filmadoras también en los vehículos, con una regulación clara y amplia sobre todas las acciones ostensibles y operaciones policiales.

Por otra parte, el tribunal superior ordenó a la Policía Federal que iniciara una investigación específica para determinar los crímenes de las organizaciones criminales en Río con repercusión interestadual e internacional, incluidas violaciones de derechos humanos.

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