A 35 años de aquel injustificado ataque y bombardeos que arrasaron pueblos humildes como El Chorrillo, en esta capital, el extitular de las carteras de Trabajo y Educación, preside la Comisión Nacional 20 de Diciembre, encargada de investigar una historia contada a medias e identificar a las víctimas, también un número indeterminado.
En la IX presentación pública de la labor de ese colectivo creado en 2016, Murgas precisó a Prensa Latina que ha sido un proceso tortuoso que se ha tomado tiempo y tomará más aún, debido a que las fuerzas militares estadounidenses no respetaron la dignidad ni cumplieron con el deber de garantizar la identificación de los muertos.
Muchos de ellos fueron apilados como si fuera materia prima o basura en tumbas y bolsas donde colocaron a más de uno, lo que ha dificultado con el paso de los años su identificación, aún con el uso de los avances de la ciencia y estudios de ADN.
Es admirable, comentó, el papel del personal de la salud, médicos y enfermeros de nosocomios como el Hospital Santo Tomás que recibieron esos cuerpos ultrajados, en medio de violaciones como la toma de los centros sanitarios por los militares; y el papel de quienes en cumplimiento de un mandato constitucional enfrentaron en desventaja a los invasores.
En ese empeño, dijo el catedrático, de reconstruir la memoria histórica los resultados son discretos y subrayó el papel del Instituto de Medicina Legal y Forense de Panamá y de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
Este 2024 se han identificado restos de siete personas que perdieron la vida durante la invasión y una en 2023, que permitirá con el debido proceso, entregarlos a sus familiares.
Con la perseverancia de la comisión y de integrantes de la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de Diciembre, que encabeza Trinidad Ayola, en 2022 de manera unánime la Asamblea Nacional ( parlamento) aprobó declarar la fecha Día de Duelo Nacional con el fin de buscar justicia y reconocimiento por las pérdidas sufridas durante la incursión militar.
Lo más reciente, agregó, es que a solicitud del Gobierno el pasado año elaboramos y entregamos a la actual administración un Informe de Reclamación de Estado a Estado para ser entregado a las autoridades de Estados Unidos, con todas las evidencias sobre la violación de normas internacionales.
En la comparecencia, otro de los comisionados, José Luis Sosa, explicó el proceso de identificación de las víctima, destacó que se avanza en el estudio de otros cuatro casos así como que por decreto la Comisión extendería su trabajo hasta enero de 2027.
Sosa detalló el primer registro público con los nombres y documentos de identificación de 432 personas que investigan su paradero, que en su momento el diario La Estrella de Panamá reflejó en sus páginas, pero instó a la población a presentar nuevas pruebas, que podrían ampliar ese estudio insuficiente.
Para los familiares de las víctimas y el país istmeño en su conjunto, estas tareas tienen una importancia trascendental, pues la identificación de los restos no solo proporciona cierre y paz a los seres queridos, sino que también refuerza el compromiso de Panamá con los derechos humanos y la memoria histórica.
Este año se cumplen 35 años en que Panamá fuera laboratorio de la más alta tecnología de guerra diseñada por los Estados Unidos.
La denominada Causa Justa, cuyos objetivos expuestos eran acabar con la supuesta dictadura y capturar al exgeneral Manuel Antonio Noriega, restaurar la democracia y dar bienestar al pueblo, lo que en realidad trajo fue la muerte, sobre todo en barrios humildes como El Chorrillo, en esta capital.
Además de las pérdidas humanas, esta agresión ocasionó la destrucción de gran parte de la infraestructura del istmo, dejando a miles de personas sin hogar.
Entonces las tropas norteamericanas no hicieron el menor esfuerzo por limitarse a blancos militares, y evitar daños a las vidas y bienes de la población civil.
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