Después de plasmar su rúbrica en apoyo y solidaridad con los connacionales deportados por Estados Unidos y secuestrados en El Salvador, el jefe diplomático aseveró que estas instituciones “extrañamente hasta ahora han mantenido cierto silencio”.
Criticó que mediante la política de doble rasero “se condena a un país por situaciones injustas y luego su población migrante no es defendida por ellos”.
Eso debe llamar la atención y debe restablecerse, afirmó, a la par de considerar que estas organizaciones “deben ponerse al servicio de la humanidad y de los venezolanos de bien que ejercieron su derecho a emigrar”.
Hoy, indicó, esos compatriotas están siendo agredidos en la nación norteña “producto del discurso de odio, xenofóbico y apátrida que sembró la oposición fascista de la extrema derecha en Venezuela”.
Recodó como el opositor Julio Borges tildó “de plaga a esa población migrante venezolana”, la cual emigró precisamente por el efecto del bloqueo y las sanciones, y hoy trata de regresar en un momento de recuperación económica.
Gil señaló que el Gobierno bolivariano, fiel al mandato constitucional de proteger a todos los connacionales, estén donde estén, “está dando la cara, promoviendo acciones y trabajando en función de que todos regresen” al reencuentro con su familia, a través del plan Vuelta a la Patria.
Destacó que mediante este programa de Gobierno, implementado en 2018, retornaron ya al país más de un millón 200 mil compatriotas en los últimos años. El canciller expresó su profundo rechazo a lo que llamó política inhumana y violatoria del derecho internacional, que “estigmatiza, sataniza y persigue a los migrantes, aún siendo personas de bien”.
La mayoría de ellos, significó, son gente de bien, trabajadora, y llamó a apoyarlos “para que puedan regresar sanos y salvos y de manera segura”.
Afirmó que el Gobierno venezolano está haciendo todas las gestiones necesarias a nivel internacional, y condenó la utilización del territorio salvadoreño “como un campo de concentración de migrantes”.
El alto diplomático declaró que migrar no es un delito, pero las sanciones sí lo son “porque migrar es un derecho humano, así como regresar a la patria”.
Tengan la seguridad todas las familias que “cada uno de los venezolanos, estén donde estén, los vamos a rescatar”, aseguró.
Denunció que en este caso se cometió una violación masiva no solo del derecho internacional, sino también de los derechos nacionales de los países expuestos a esta situación, además del debido proceso y las convenciones internacionales sobre migración.
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